Nicaragua. Proscripciones y arrestos signan el tramo final de la competencia presidencial

El 7 de noviembre los nicaragüenses concurrirán a votar para decir sí o no a la continuidad de Daniel Ortega en el poder. Para la oposición la elección es ilegitima.

Poco más de 4,4 millones de nicaragüenses están en condiciones de votar en las elecciones generales del 7 de noviembre próximo que podrían confirmar la continuidad en la presidencia de Daniel Ortega hasta 2026.

El exlíder revolucionario sandinista, de 76 años, ejerció su primer mandato entre 1985 y 1990. Luego de un tiempo en el llano volvió a encaramarse en el poder el 10 de enero de 2007. Desde entonces ocupa el despacho mayor del Palacio de la Cultura (sede del Ejecutivo) convirtiéndose en el jefe de Estado nicaragüense que más tiempo ha permanecido en el cargo ya que en la actualidad transita su tercer período consecutivo, que concluirá en 2022 con chances de prolongarlo.

El proceso electoral se desarrolla en un clima político sofocante y viciado por la exclusión de la competencia de tres partidos políticos por supuestas violaciones a la ley electoral. También, por el encarcelamiento de al menos siete postulantes de la oposición con intenciones de desplazar de la función pública al jefe del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) acusados por presunta traición a la patria.

Otros desatinos que envilecen la atmósfera política están relacionados con imputaciones y el exilio de un par de actores sociales reconocidos, como el escritor consagrado Sergio Ramírez a quien la deriva dictatorial del régimen de Ortega lo puso entre la pluma y la pared. El también periodista, abogado y político (actualmente atrincherado en España) formó parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que se creó tras el triunfo de la Revolución Sandinista, el 19 de julio de 1979.

Caos y terror

El premio Cervantes de Literatura

2017 y exvicepresidente en el primer gobierno de Ortega sostiene desde el destierro que su excompañero de lucha y sublevación responde con “caos y terror” a la crisis política que se desató hace tiempo y se agudiza a medida que avanza el calendario hacia los comicios del mes próximo. Suma a la lista de despropósito el arresto de dirigentes estudiantiles, gremiales y la persecución sistemática a los medios de comunicación y a los trabajadores de la prensa y la comunicación nicaragüenses.

Ramírez publicó hace poco más de un mes Tongolele no sabía bailar, la última novela de una trilogía en la que narra hechos actuales ocurridos en una Nicaragua sumida en una dictadora dedicada a perseguir a todo aquel que se oponga y que reprimió de manera violenta las protestas callejeras ocurridas en 2018 en varias ciudades del país centroamericano, de unos

6,7 millones de habitantes.

En el curso de disparates, el 2 de junio último fuerzas públicas de seguridad allanaron la casa de Cristina Chamorro. La medida se inscribió en la investigación que el Gobierno sandinista le abrió a la hija del asesinado director del diario La Prensa, Pedro Chamorro Cardenal, y de la expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro, por su actividad en la fundación que lleva el nombre de su madre; fue arrestada poco antes de ofrecer una conferencia de prensa para aclarar lo sucedido.

Tres días más tarde, fue arrestado Arturo Cruz, acusado de violar la ley 1.055 (conocida como “Ley Guillotina”), eje del conjunto de normas legales sancionadas en 2020 y que dan sustento jurídico a la represión contra los opositores. En el andamiaje normativo también se destaca la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (conocida como ley Putin), que castiga a quienes reciben dinero del exterior si no reportan sus ingresos y gastos a las autoridades.

Asimismo, el 8 de junio fue detenido Félix Maradiaga, líder del grupo opositor Unidad Nacional Azul y Blanca (Unab). El mismo día, fue apresado el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristina, convirtiéndose en el cuarto candidato presidencial en ser detenido.

Luego, el 25 de julio, María Asunción Moreno decidió marcharse al exilio denunciando “persecución política”.

Las detenciones continuaron con los precandidatos a la máxima magistratura Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.

En pie

Por ahora, el Consejo Supremo Electoral (CSE) autoriza a competir en las urnas el 7 de noviembre a las siguientes fuerzas políticas: Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Partido Liberal Independiente (PLI), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), Alianza por la República (Apre) y Yatama “(Hijos de la madre tierra”, en lengua miskita). Este último partido sólo competirá en la costa caribeña del país.

Quedaron fuera de carrera el partido Restauración Democrática y el Partido Conservador, entre otros.

Por lo reseñado, algunos sostienen que las elecciones en Nicaragua son puro engaño y deberían postergarse, toda vez que –entienden– carecen de legitimidad debido a supuestas violaciones flagrantes a la integridad electoral, a los derechos humanos, al Estado de Derecho y al debido proceso.

Desde la apertura del proceso electoral, siete candidatos a presidente fueron detenidos y tres partidos políticos sufrieron proscripción.