Hablemos de políticas educativas

La política pública puede definirse como aquel “conjunto de acciones y de omisiones que manifiestan una determinada intervención del Estado…” (Oscar Ozslak y Guillermo O’Donnell, 1984).

Me gusta mucho esta definición, porque hace énfasis en que “no hacer nada” es una decisión del Estado; es también una forma de hacer política, y a mi criterio, es la que viene eligiendo el Gobierno argentino en materia educativa.

Sólo basta con conocer algunos indicadores relacionados con el rendimiento o la deserción escolar para comprender la gravedad de la situación en todas y cada una de las provincias argentinas.

El personal docente viene reclamando hace mucho por mayores salarios, más recursos y mejores condiciones en las escuelas.

Esta pandemia ha logrado visibilizar una problemática de largo plazo, pero al mismo tiempo vino a acentuarla.

Prioridades

Pese a las restricciones, en muchas jurisdicciones casi todo está abierto, menos los jardines y las escuelas. ¿Nos queda claro cuáles son las prioridades del Estado argentino?

Con suerte, y detrás de una pantalla, la mitad de niños y de los jóvenes argentinos asisten a clases virtuales.

No voy a ahondar en todos los efectos nocivos de la no presencialidad en los sistemas educativos, porque ya los conocemos y todos los medios los han debatido.

Hablemos de cómo se toman las decisiones políticas, de los actores que intervienen en la política educativa. Hoy esos actores se reducen al Estado y a los gremios.

Y allí no hay una lucha de fuerzas, porque los dos tiran para el mismo lado.

El Estado necesita reducir la circulación y los gremios defienden a ciertos trabajadores, que se sienten más seguros en sus casas.

Los gremios lo consiguieron: presionaron y presionaron con la suspensión de clases, porque “los docentes tienen miedo al Covid…”.

Me pregunto si los médicos tienen miedo, si los cajeros tienen miedo, si todos quienes salen a trabajar tienen miedo.

Los niños, por su parte, no tienen sindicatos: tienen padres autoconvocados, muy cansados, que salen a trabajar en la pandemia, mientras que muchos directivos y maestros son intimidados por el propio Estado y por su gremio.

Lejos quedó la vocación del maestro y el velar por el interés de los niños por sobre todas las cosas.

Responsabilidades

Sin dudas que estamos en una emergencia sanitaria, pero también educativa. Luego de sufrir una de las cuarentenas más largas del mundo, seguimos con altísimos niveles de contagio.

Ha sido responsabilidad del Gobierno realizar los testeos, rastrear los casos de Covid, controlar las fiestas clandestinas y, principalmente, desarrollar el proceso de vacunación.

No nos olvidemos de esto, porque no podemos pedirle a la sociedad un año y medio de encierro, como en buena medida ocurre en el Amba y en varias provincias.

Las autoridades estatales son víctimas de su propio fracaso en materia de política educativa, porque pretenden pedir responsabilidad social a un pueblo poco educado; pretenden que los médicos argentinos se queden a trabajar en nuestro país por sueldos vergonzosos, y pretenden que los maestros se conformen con un 30% de aumento salarial (en Córdoba, 35%), mientras ellos se suben unos 10 puntos porcentuales más.

Hablemos de política educativa; hablemos y actuemos.

Porque la educación es una práctica transversal.

Porque la educación es política de Estado en los países desarrollados del mundo.

Porque el rendimiento escolar se relaciona con el nivel socioeconómico de los niños, y en Argentina tenemos más de ocho millones de niños pobres.

Porque la educación es esencial.

El personal docente viene reclamando hace mucho por mayores salarios, más recursos y mejores condiciones en las escuelas.

El Estado necesita reducir la circulación y los gremios defienden a ciertos trabajadores, que se sienten más seguros en sus casas.