Una campaña indisimulable y otra que permanece oculta

Atres meses de las Paso, la campaña electoral marca el norte de todas las decisiones del Gobierno nacional. Este prepara una costosa artillería de rebajas impositivas, nuevos planes y más subsidios directos que mostrarán su impacto a partir de julio y agosto. En ese plazo, además, fructificará la aceleración del acceso del país a las vacunas contra el Covid-19, que además de ser la única señal positiva en medio de la devastadora crisis sanitaria, es una realidad que empezó a minar el que hasta ahora fue el principal argumento opositor contra Alberto y Cristina Fernández.

La campaña oficial marcha a ritmo intenso, solventada con emisión monetaria. El discurso proselitista, en cambio, permanece amordazado y disimulado por imperativo de la crisis sanitaria y el drama social que la acompaña. Esa circunstancia supone una ventaja para el Frente de Todos.

Así, el mismo Gobierno que con pocas horas de diferencia impulsó el jueves descuentos de casi un tercio en las facturas del gas natural para más de tres millones de argentinos – casi 650 mil de ellos son cordobeses– y dio marcha atrás con el aumento retroactivo a cuatro millones de monotributistas –unos 430 mil cordobeses– para proponer un cambio legal que los beneficiará, acusa a la oposición de estar en campaña ante cada diferencia política.

La suba del piso de Ganancias que beneficiará a 1,2 millones de trabajadores y jubilados viene demoradísima. Se aprobó en abril, se reglamentó 47 días después y recién se sentirá en el bolsillo a partir de julio, con la devolución prometida en cinco cuotas, a lo largo del cronograma electoral. La última devolución será en noviembre, el mes de las elecciones legislativas.

La tarjeta Alimentar, la asignación universal por hijo y los bonos para jubilados y pensionados prometen evolucionar a ritmo electoral y constituyen una vía directa del Gobierno con el bolsillo de la mitad de los argentinos.

La inminente suba de subsidios al transporte del interior –aporte que la Nación planeaba eliminar de cuajo– evitaría la caída en bloque de empresas prestatarias en las grandes ciudades del interior, con la capital cordobesa en primer lugar. Esa medida permitiría tirar sin subas sustanciales del boleto hasta después de las elecciones, aunque sean migajas frente a los recursos siderales que la Nación vuelca en el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Los beneficios electorales que supone la posibilidad de emitir dinero son evidentes. Constituyen la única posibilidad de dar buenas noticias en medio de la crisis económica y social que sólo registra a 2001 como antecedente para la comparación y que, como aquella catástrofe, empieza a fermentar en una actitud antipolítica creciente. Esta es otra dificultad adicional para la oposición: enfrentar al kirchnerismo en el poder con las limitaciones que impone la pandemia y con una sociedad enervada contra los discursos políticos será un desafío doble.

Pandemia mata discursos

En Córdoba –territorio opositor por excelencia–, esas limitaciones están tan presentes que casi vedan por completo el despliegue proselitista.

El desborde de la situación sanitaria obligó al gobierno de Juan Schiaretti a moderar desde mayo el clima de campaña anticipada que invadía las acciones oficiales. La creciente presión de los rubros productivos afectados por las restricciones y la lenta moderación de la cantidad de contagiados no le permite a Hacemos por Córdoba retomar la campaña que debió interrumpir, aunque la decisión política de enfrentar al kirchnerismo sea mucho más sólida que antes de mayo. Alejandra Vigo y Natalia de la Sota siguen siendo las principales candidatas a encabezar las listas de senadores y diputados, respectivamente, pero las encuestas tendrán la última palabra.

El Frente de Todos tampoco arranca todavía en Córdoba. Para la lista que encabezará Carlos Caserio, la elección supone un mano a mano con el Gobierno provincial por el segundo puesto: esa es la verdadera pulseada política de las legislativas a nivel provincial. A 41 días de la presentación de listas, hay dos incógnitas principales en ese espacio, al que las encuestas sitúan en un escenario de paridad con el peronismo schiarettista. Ambas tienen que ver con Martín Gill, el intendente de Villa María que tramita su cuarta licencia en ese cargo que dejó para ser secretario de Obras Públicas de la Nación: la primera es si será candidato; la segunda es qué grado de compromiso político generan las obras que reparte entre los intendentes. Es la figura que más preocupa en el Panal.

Todo lo demás será una interna de Juntos por el Cambio, que podrá darse el lujo de resolver en las Paso el largo entuerto por el liderazgo en Córdoba en 2023 con dos años de anticipación. La supremacía que vaticinan todas las encuestas a la alianza entre el PRO, los radicales, el juecismo y la Coalición Cívica es tan amplia que hasta ofrece margen para que definan en esta elección un armado opositor consistente para la pelea por la gobernación.

Resta saber si hay en ese espacio voluntad cierta de construir contra el peronismo. Y resta ver también si el electorado, exhausto por la crisis, tolera esa campaña proselitista que por ahora no puede salir a la luz.

Los discursos políticos no encuentran espacio en un electorado exhausto por la pandemia y la crisis que deja a su paso.