Robo de armas: cuando la impunidad cumple años

Córdoba tiene sus turbias historias de impunidad. La siguiente es una turbia historia de impunidad que cumple años: seis, para ser exactos. Fue en julio de 2015 que policías corruptos burlaron controles internos y externos y se robaron del trabajo al menos 72 pistolas.

Se trataba de flamantes armas que habían sido adquiridas para la labor de calle y que terminaron sustraídas por policías delincuentes que las revendieron al mejor postor, en las calles.

Cuesta creer que ese lote haya sido sustraído del sector de Armamento, área clave ubicada en el subsuelo de la Jefatura de avenida Colón, en Córdoba capital. Es un sector al que no entra nadie que no sea de la fuerza. Nadie. Pero sucedió.

La causa permanece navegando las aguas de la impunidad en el fuero Penal Económico, más conocido como Anticorrupción.

Cuatro policías siguen imputados. Sobresalen tres que son comisarios y que se desempeñaban en las áreas de Logística y de Armamento.

No se pueden ver entre ellos, se señalan por lo bajo y se defienden por su cuenta. Están acusados por peculado: es decir, por ser funcionarios públicos que supuestamente robaron bienes públicos.

El cuarto acusado es un suboficial de bajo rango –un “juan”–, quien permanece sospechado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es decir, según la Justicia tenía que denunciar lo que sabía, y no lo hizo.

Todos están en libertad, aunque permanecen en situación pasiva. No trabajan. Sus abogados insisten que están en un limbo y reclaman que sus situaciones penales se definan de una vez.

El expediente por el robo en la

Jefatura está en manos de Matías Bornancini, fiscal que heredó todo tras la jubilación de su antecesor, Hugo Amayusco.

Fuentes judiciales señalaron que la causa del robo de armas podría llegar a ser enviada a juicio antes de la Navidad. La misma promesa circuló el año pasado. Y el anterior.

El robo de las armas fue y es uno de los escándalos más graves y penosos –después de los casos de “gatillo fácil”, por cierto– en ámbitos de la Policía cordobesa.

Julio César Suárez era el jefe de la fuerza cuando pasó todo.

El por entonces comisario negó al comienzo el hecho, luego lo minimizó, y después, cuando todo ya había estallado, cerró la boca y derivó las consultas a la Justicia.

No son pocos los acusados y testigos de este escándalo que lo dejaron mal parado cuando declararon.

“Me parece muy extraño. Es un chimento que salió probablemente de adentro de la Policía. Hay algunos que se especializan en generar inestabilidad”, llegó a decir el por entonces gobernador José Manuel de la Sota en octubre de 2015, cuando la noticia estalló en la prensa.

Dos meses después, Juan Schiaretti asumió, otra vez, como gobernador. Su primera medida fue echar a Suárez de la Policía y reemplazarlo por Gustavo Vélez; el mismo que se tuvo que ir ya en 2020 por los casos de “gatillo fácil” de Blas Correas y Joaquín Paredes. Suárez, a todo esto, sería condenado en 2018 por amenazar a un periodista.

Menos de la mitad de las pistolas robadas fueron recuperadas.

Todos estos años aparecieron por goteo en manos de narcos, lúmpenes y pistoleros con y sin cartel.

La última Bersa fue recuperada tardes atrás en barrio Bella Vista, de la Capital provincial.

Fue cuando policías acudieron a una concesionaria donde se cometía un asalto. Uno de los delincuentes alcanzó a escapar con 500 mil pesos.

Juan Carlos Bracamonte (57) y Lucas Benavídez (30) fueron más lentos. A ellos se les encontró una mini-Bersa y una Bersa Thunder, esta última parte del lote que supo desaparecer de la Jefatura.

Ese lote que se robó hace seis años, y que dio pie a una turbia historia de impunidad.