Preocupante desidia policial y judicial

Si una motocicleta o un automóvil fue incautado por orden judicial o policial y van a parar al corralón de Potrero del Estado, al sur de la ciudad de Córdoba, sus titulares tendrán que armarse de paciencia frente al fastidioso menú de trámites para retirar el rodado.

Pero además tendrán que estar preparados para, eventualmente, recibir la peor noticia: que su vehículo fue robado o desmantelado en ese predio, pese a que cuenta con custodia policial a tiempo completo. Es decir, las 24 horas del día.

La mejor receta a mano para evitar caer en este entramado burocrático y hostil no es otra que tener toda la documentación registral en regla y no apartarse de las normas vigentes en materia vial.

Aun así, nada justifica que el infractor pase a ser víctima de la impericia policial y judicial en la función que les compete como responsables de la guarda de los vehículos en ese inmenso complejo, ubicado en jurisdicción del municipio de Bouwer.

Días atrás publicamos un nuevo informe sobre las denuncias que se suman en sede judicial por robos de autos y de motos en Potrero del Estado. Asimismo, por titulares que tuvieron que digerir el mal trago de la sustracción de piezas de sus vehículos, en algunos casos al límite del desmantelamiento total.

Por la similitud en el modo de operar de los delincuentes, los investigadores presumen que se trata de una organización bien aceitada, que tiene como foco de sus fechorías ese terreno estatal.

Y otra vez, un espeso tufillo de dudas y de sospechas envuelve a la Policía de la Provincia de Córdoba. No está probado aún que efectivos de la institución formen parte de la banda de delincuentes. Pero a la luz de los hechos que se reiteran en el tiempo con sugestiva impunidad, sí ha quedado al descubierto que la vigilancia fue sobrepasada.

Por decisión del fiscal general de Córdoba, Juan Martín Delgado, las denuncias sobre las irregularidades que se verifican en Potrero del Estado se concentrarán y tramitarán en una sola fiscalía, con lo cual los expedientes dejarán de deambular por las distintas dependencias de turno demorando la causa.

Si la investigación logra llegar al núcleo duro de las anomalías, no sería de extrañar que se destape una olla que puede dejar perplejo a más de uno.

Resulta decepcionante para la opinión pública (y, sobre todo, para las víctimas de estos episodios) que la

Policía y la Justicia no logren desbaratar una trama mafiosa que se ha incrementado desde 2020.

Los damnificados dan certezas del peregrinar por los pasillos de Tribunales para recuperar por vía legal el bien incautado. Sin embargo, alegan que son más las trabas que las soluciones.

Vale insistir: si una orden judicial determinó el envío de un auto o una moto a Potrero del Estado, el o los fiscales intervinientes son los encargados de tramitar y resolver en un tiempo prudencial las transgresiones en cuestión. Pero no se deben desentender del destino de los objetos en guarda.