Falta de adecuación y de controles, una combinación fatal

La Ley de Seguridad Eléctrica 10.281 fue aprobada por unanimidad el 17 de junio de 2015 y su objetivo primordial es proteger la vida y los bienes de las personas. En diciembre de 2019, la Legislatura de Córdoba aprobó la Ley 10.670 que prorrogaba por dos años la entrada en plena vigencia de la ley en lo relacionado a la adecuación de la vía pública y a las instalaciones existentes.

A fines del mes de noviembre de este año, desde la Legislatura de Córdoba, el legislador Oscar González, del bloque oficialista, elevó una iniciativa que propone una nueva prórroga por otros dos años – hasta 2023–, lo cual da cuenta del desinterés de las autoridades provinciales por la seguridad de las personas. El 1° de este mes entró en plena vigencia la Ley 10.281 y se vencieron los plazos propuestos por la prórroga para la entrega de un plan de adecuación para los municipios en lo referido a la vía pública. Al momento, sólo tres municipios hicieron entrega de dicho plan.

Según las estadísticas elaboradas desde la Fundación Relevando Peligros –con datos tomados de las noticias publicadas en los medios y la morgue– en estos dos años de prórroga de la Ley de Seguridad Eléctrica ocurrieron un total de 100 siniestros: 29 muertes (25 por electrocución y cuatro por incendios de origen eléctrico), 13 electrocuciones y 56 incendios de origen eléctrico.

En el marco de la Ley 10.281, de acuerdo al Ente Regulador de Servicios Públicos de Córdoba (Ersep), se han registrado un total de 22.500 electricistas habilitados, siendo 11.757 categoría III.

Entre el año 2017 (año de reglamentación de la Ley) hasta 2019 (año de la prórroga) se emitieron

222.924 Certificados de Instalación Eléctrica Apta (59.356 en instalaciones nuevas y 163.568 en instalaciones existentes), en tanto, entre 2019 y 2021 los Certificados emitidos fueron 158.966 (81.622 en instalaciones nuevas y 77.344 en instalaciones existentes).

Asimismo, en estos cuatro años de vigencia de la Ley 10.281 el Ersep aprobó 18 resoluciones como marco normativo y actualizó el manual para los electricistas habilitados tres veces. Además, desde el Ente confirmaron que vienen trabajando en una reválida de la habilitación a los electricistas y que a partir del primer trimestre del 2022 se comenzarán a tomar los exámenes que incluirán dos temas nuevos en relación a la seguridad eléctrica: generación distribuida y estaciones de carga de autos eléctricos.

Los fundamentos de la iniciativa de la nueva prórroga se resguardan tras la crisis económica que han atravesado los diversos estamentos del Estado debido a la pandemia por el virus Covid-19. Sin embargo, es fundamental resaltar que ya han pasado más de seis años de la sanción de la Ley 10.281 y que en este tiempo sólo seis municipios se han interesado en la ley y, de estos, únicamente la mitad ha presentado su plan de adecuación de la vía pública.

Por su parte, para los profesionales electricistas la aprobación de otra prórroga significaría tirar por la borda el trabajo de profesionalización llevado adelante en los últimos cuatro años ya que, de no entrar en plena vigencia la Ley 10.281, no existirá un control mínimo sobre las instalaciones existentes y significaría un retroceso, debido a que permite que los trabajos de electricidad vuelvan a las manos de personal no calificado, con todo el riesgo que esto implica.

La Ley de Seguridad Eléctrica de Córdoba es pionera en nuestro país. Su plena vigencia es clave para proteger a los cordobeses y a las cordobesas, para evitar muertes y pérdidas materiales, para construir juntos una ciudad segura en la que la vía pública sea un espacio libre de peligros.

Hoy, nuevamente, la decisión está en manos del Poder Legislativo y la pregunta será una vez más: ¿cuántas muertes más son necesarias para que esta problemática sea prioridad?

En estos dos años de prórroga de la ley hubo 29 muertes, 13 electrocuciones y 56 incendios de origen eléctrico.

La pregunta será una vez más: ¿cuántas muertes más son necesarias para que esta problemática sea prioridad?