Córdoba debe invertir más en educación

Hace más de 10 años que el esfuerzo presupuestario destinado al Ministerio de Educación en la provincia de Córdoba viene en constante caída. Y ello no sólo se evidencia en los fríos índices que se desprenden del gráfico de barras comparativo.

También se refleja drásticamente en los alarmantes resultados pedagógicos obtenidos en las pruebas estandarizadas Aprender y Prisma; en los escasos salarios docentes; en la magra capacitación de los educadores; en la falta de equipos interdisciplinarios que atiendan los problemas de convivencia; en la carencia de formación y herramientas para la contención y enseñanza de niños con discapacidad; en la insuficiente conectividad; en el déficit de dotación de elementos informáticos y mobiliario; en las deplorables condiciones edilicias de más de un centenar de escuelas; en la incapacidad demostrada para menguar el elevado y sostenido porcentaje de deserción escolar.

Todo lo enumerado revela un sistema educativo en crisis y la vulneración del derecho humano fundamental a la educación, a su acceso y calidad, en condiciones de igualdad para la totalidad de los niños y jóvenes cordobeses.

Para analizar el presupuesto provincial del año entrante, participamos de la Mesa de Trabajo sobre Presupuesto y Derechos organizada por Acij, Fundeps, Otes y la Universidad Católica de Córdoba. De esa jornada, los datos públicos cargados en la página del Ministerio de Finanzas y los anuarios del Ministerio de Educación, observamos que en 2011 y 2012 la participación del Ministerio de Educación sobre el total del presupuesto provincial alcanzó el 30%.

Desde entonces, cayó de manera sostenida y llegó a su nivel más bajo en 2022 (20%), luego de un año de escuelas cerradas y otro de educación intermitente, que develaron y profundizaron la enorme brecha educativa que ya padecíamos.

Durante este último año, no sólo se asignó un miserable esfuerzo presupuestario, sino que al 30 de noviembre más del 20% está sin ejecutar.

Para 2023, aún inmersos en una crisis educativa de la que parece no haber voluntad política de salir, se ha previsto apenas un 22% del total del presupuesto. Un escaso aumento en comparación con el año anterior, que deviene inocuo comparado con el máximo alcanzado hace 10 años y con la urgente e imperiosa necesidad de un plan de recuperación de la calidad educativa en nuestra provincia.

Según la consultora EcoGo, la inflación acumulada estimada desde septiembre-octubre de 2011 hasta el mismo período de 2021 fue de 1.936%. Si tenemos en cuenta que casi el 90% de lo adjudicado a educación se destina a abonar los magros sueldos de los educadores, es relevante considerar que, en estos últimos 10 años, mientras se sufre el recorte presupuestario en educación, el personal docente — contado tantas veces como ofertas en las que trabajan— aumentó de 87.695 a 102.923 y, además, también se sumaron 57.291 alumnos al sistema (datos correspondientes a educación común y especial; pública y privada; inicial, primario y secundario).

Obvio es que muchos problemas económicos y sociales tienen su origen en los bajos niveles de educación; entonces, si según los datos del Indec al segundo trimestre del 2022 el Gran Córdoba tiene la tasa de desocupación más alta del país, también la más elevada de pobreza (promedia el 40% del total de la población, y tenemos casi 10% de indigencia, claro está que las políticas públicas deberían dirigirse de manera prioritaria a la inversión en educación. Claramente, en Córdoba dicha lógica no se está aplicando.

Un gobierno que decide no invertir en educación es un gobierno mezquino, irresponsable, que obstruye el crecimiento personal de sus ciudadanos, fomenta la desigualdad, recrudece la pobreza, atasca el progreso social y sacrifica el futuro individual y colectivo.

La educación es un derecho humano fundamental, que debe ser garantizado en paridad de condiciones para todos; es el instrumento que nos ayuda a desarrollarnos como personas, la herramienta que posibilita la movilidad social, la pieza clave para erradicar la pobreza, promover la igualdad, aumentar la competitividad laboral, y es el cimiento para crear una sociedad justa, autosuficiente e igualitaria.

No es caprichoso que el cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 busque “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida”. Obviamente, alcanzar este objetivo sin inversión es imposible.